Apostémosle a la seguridad ciudadana

Una de las innovaciones de la Constitución de 1991 fue haber dado atribuciones a los alcaldes en materia de seguridad.  El nuevo diseño no ha sido necesariamente positivo en todas las municipalidades, pero en Bogotá jugó un papel crucial. Les dio margen de maniobra a los alcaldes de la capital para llevar a cabo numerosas innovaciones que —de manera directa o indirecta— transformaron a la ciudad.  Muchos lectores no recordarán que Bogotá hasta la primera mitad de la década del 90 era mucho más violenta y hostil de lo que es ahora. 

Antes de que el término “seguridad democrática” siquiera se hubiera acuñado, existía una “seguridad ciudadana” que, si bien no se extendió a todo el territorio nacional, aquí sí ha demostrado ser tanto exitosa como sostenible. De hecho, la transformación en materia de seguridad que ocurrió en Bogotá desde la primera mitad de la década del 90 hasta hoy se compara con ventaja con la que ha promovido el Presidente de la República en los últimos años (claro, son dos escalas distintas, pero aún así…).

En Bogotá se pudieron bajar radicalmente la tasa de homicidios y de otros delitos, se bloqueó en un alto grado la penetración de actores ilegales en las agencias del Estado, y se logró el saneamiento de muchas prácticas políticas que permitían a diversos malhechores medrar al amparo de la protección de poderosos. Es obvio que varios de esos triunfos están aún por conseguir a nivel nacional.

Uno de los aspectos atractivos del modelo bogotano es que ha sido el producto de un abanico bastante diverso de fuerzas políticas. Independientes como Mockus, personajes como Peñalosa, fuerzas como el Polo Democrático, participaron en la concepción y/o administración del modelo. Claro: algunos idearon el diseño general, otros básicamente lo gestionaron. Pero ya no es patrimonio de este o aquel personaje, sino de la ciudad en su conjunto. Por eso, aprovechar un aumento coyuntural en las tasas de criminalidad para tratar de desestabilizar el modelo es no sólo una agresión contra los bogotanos (a propósito: como lo resalta una entrevista con el alcalde Alonso Salazar publicada en este diario, algo análogo está pasando en Medellín) sino una tontería.

Por supuesto: hay que evaluar el desempeño del alcalde Moreno. Si ha permitido un cierto deterioro de los diversos aspectos del modelo bogotano —o si lo ha heredado— está en falta. Pero en cualquier escenario lo menos saludable es el ruido que —con el estilo desinstitucionalizador por el que este gobierno será recordado— está metiendo Santos. El asunto tiene también aspectos políticos que, tomando cierta distancia, resultan más bien sorprendentes. Ante todo, el amor no correspondido de los bogotanos por el Presidente.

Como en prácticamente todas las circunscripciones electorales (¿habrá alguna excepción?), Uribe es mayoría en Bogotá. Pero le echó tierra en las pasadas elecciones subnacionales, se dio el lujo de no recibir a su alcalde elegido porque no le provocó, está mamando gallo con el metro, y ahora esto. Es claro que la capital no gusta en los círculos más cercanos al poder. Uno sabe que el amor no correspondido puede ser muy persistente —a menos de que aparezca otro pretendiente, hábil y capaz de sugerir alternativas reales. ¿Existe? Si el Polo quiere serlo, tiene que abandonar su pasividad casi perfecta.

Es extraño ese espectáculo de un partido político que tiene la mayoría de sus votantes en una ciudad, y no tiene casi nada que decir sobre ella (sólo que no le gusta el Alcalde que él mismo puso). Moreno, a su vez, parece sentirse arrinconado, y sin muchas opciones (tampoco dice cuáles son sus propuestas de política). Pocas voces autorizadas han hecho pronunciamientos. ¿Será que vamos a dejar que un advenedizo le dé una puñalada trapera a la seguridad ciudadana? Lo que está en juego no es trivial.