Ya se siente el TLC

Con ocasión de las dificultades en Estados Unidos para la aprobación de este acuerdo, el Gobierno Nacional ha venido impulsando una serie de iniciativas con las que pretende reafirmar su compromiso por el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo.

El respeto de dichos derechos hace parte de las obligaciones del TLC y de las exigencias de Estados Unidos para su aprobación. Algunos dirán que se negoció así por interés propio de los trabajadores gringos, pues de esa manera garantizan que las empresas de su país no se desplacen donde sus vecinos buscando mano de obra barata. Aunque eso es verdad, también es cierto que esa política beneficia a Colombia, y en especial a su clase trabajadora. Nadie quiere que venga inversión extranjera simplemente para explotar nuestra pobreza. Se quiere inversión productiva, competitiva y que se escoja a Colombia por su estabilidad, su emprendimiento y la calidad de su gente, no por ser un país sin sindicatos ni huelgas.

Dos leyes recientes aprobadas por el Congreso colombiano apuntan en esa dirección. Ahora las Cooperativas de Trabajo Asociado tienen la obligación de contribuir al Sena, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, protegiendo a sus asociados, quienes además no podrán recibir una compensación menor de un salario mínimo (Ley 1233 de 2008).

Otra Ley, la 1210 de 2008, establece que cuando una huelga se prolongue por 60 días, sin acuerdo entre las partes, el empleador y los trabajadores podrán convenir cualquier mecanismo de composición, conciliación o arbitraje para poner término a las diferencias. Antes era el Gobierno quien podía convocar el tribunal de arbitramento. Además, esta ley incluye tal vez uno de los cambios más importantes a favor de las organizaciones sindicales.

A partir de este año la legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será declarada judicialmente. Ya no es el Gobierno el competente para decidir que una huelga es ilegal, son los jueces los llamados a tomar esa decisión. Ojalá estas modificaciones las hubiera hecho Colombia sin la presión de Estados Unidos, pero lo importante era hacerlas. Bienvenidas.