La hora de las responsabilidades

Sostener que la responsabilidad por las varias decenas de personas que allí murieron, por los que resultaron heridos y por los desaparecidos es exclusivamente atribuible al M-19, es desconocer que la utilización desmedida de la fuerza por parte de integrantes del Ejército Nacional fue determinante en la producción de esos resultados.

Afirmar que sólo los miembros de la Fuerza Pública son responsables por esas muertes, lesiones y desapariciones, supone ignorar que el Comandante General de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República, quien durante toda la operación militar estuvo reunido con sus ministros y, según ha afirmado en varias oportunidades, mantuvo el control de las operaciones.

La mayoría de los miembros del comando guerrillero que materialmente participaron en la toma del Palacio, fallecieron en desarrollo de la misma; para quienes pudieron haber intervenido en la planeación del hecho, así como para aquellos subversivos que pudieron haber sobrevivido a la misma, se optó por concederles un indulto que los relevó de ir a prisión. Actualmente, y gracias al empeño del Fiscal General, se procesa a varios integrantes del Ejército por el secuestro y desaparición forzada de personas en el Palacio, lo que a la postre podría llevar a que tuvieran que pagar efectivamente penas de prisión por esos delitos. Como no parece equitativo que los miembros del M-19 hayan sido indultados y personal del Ejército vaya efectivamente a prisión por los mismos hechos en los que desde distintas perspectivas tomaron parte, encuentro absolutamente razonable la propuesta de Carlos Medellín. Cerrado ese segundo episodio, al país sólo le restaría saber qué grado de responsabilidad les cabe al presidente Belisario Betancur y a ministros de su época, como Jaime Castro y Noemí Sanín, por las muertes, las lesiones y las desapariciones ocurridas durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, especialmente en un momento histórico en el que se escruta la vida de funcionarios públicos para tener la certeza de que no están relacionados, por acción o por omisión, con la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad como la desaparición de personas.

* Hijo del inmolado presidente de la Corte Suprema,           Alfonso Reyes Echandía.