Opinión| 9 Nov 2008 - 7:59 pm
Perspectiva Internacional
Justicia y competitividad
Por: Santiago Rojas
Uno de los aspectos que aborda el estudio se refiere a la justicia. Por su importancia, quisiera destacar algunos puntos que considero deben tenerse en cuenta para lograr avances. En primer lugar, el informe señala que “la eficiencia del sistema judicial incide en promedio en un 15% en el crecimiento económico de un país”. En Colombia, especialmente a partir de la Constitución de 1991, se ha mejorado en la administración de justicia, pero persisten serios problemas y es necesario adoptar correctivos urgentes.
En el país, más de la mitad de los empresarios, según el DANE, no cree que los juicios sean imparciales ni claros. Percepción que crea una nociva desconfianza en el sistema, con repercusiones negativas en la inversión. Además, los datos sobre la eficiencia del sector es alarmante. Un juicio ordinario en Colombia se demora en promedio 913 días, mientras que en otros países se toma alrededor de 348. Y lo grave es que los problemas de congestión se agudizan cada año, pues entran más procesos a los despachos frente a los que se evacúan. Más el tema de las tutelas y los paros.
Es necesario actuar rápido y con decisión. El informe plantea propuestas, como la creación de juzgados especializados en pequeños conflictos, mediante un procedimiento oral, figura que ha tenido éxito en Brasil. O la posibilidad de pactar en los contratos de crédito hipotecario un mecanismo para la ejecución de la garantía de carácter no judicial. Además, se debe trabajar en mejorar la transparencia del sistema, a través de la rendición de cuentas.
Por mi lado, considero que se debe fortalecer la conciliación e impulsar los métodos alternativos de solución de conflictos, como los Centros de Arbitraje. Son algunas propuestas que ojalá se materialicen en beneficio del país.
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Santiago Rojas
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Ahora que tanto se habla de reformar la justicia debería pensarse con seriedad en una reforma de fondo. Una buena alternativa sería crear una jurisdicción especializada que asuma el conocimiento de las acciones constitucionales (tutela, popular, de repetición, reparación), que tanta congestión viene generando en la jurisdicción común y, como usted lo anota, se requiere el fortalecimiento de los centros de conciliación, amén de una elaborada política de educación en materia de tolerancia y respeto.
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