La acción de repetición

Recuérdese, por ejemplo, que la Nación y el municipio de Sincelejo fueron condenados a pagar indemnizaciones por las muertes y lesiones de varias decenas de personas como consecuencia del derrumbe de la plaza de toros durante la corraleja de 1980, de la misma forma como la Nación fue condenada a indemnizar a víctimas y familiares de quienes resultaron lesionados o muertos en el atentado dirigido contra la sede del DAS.

Como cada vez que una entidad oficial es condenada a pagar indemnizaciones lo hace con dineros oficiales, en el fondo somos los contribuyentes quienes con nuestros impuestos compensamos a las víctimas de servidores públicos que por descuido o de manera voluntaria afectan derechos ciudadanos. Por esa razón está legalmente previsto que cuando el Estado sea condenado como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios, debe iniciar una acción de repetición en contra de éste último para que con su patrimonio reintegre a la Nación lo ya cancelado con dineros públicos. La Ley no sólo precisa que es un deber de todas las entidades públicas repetir contra sus servidores en esos casos, sino que califica como falta disciplinaria el incumplimiento de esa obligación. Otra opción legal para la recuperación de esos dineros públicos es la figura del llamamiento en garantía, que permite la vinculación del servidor público al proceso en el que se demanda al Estado.

Para citar algunas cifras, entre el segundo semestre de 2000 y finales de 2002, se formularon 51.484 demandas contra entidades estatales, que en ese mismo período le representaron a la Nación el pago de indemnizaciones por un valor cercano a los trescientos mil millones de pesos. Sin embargo, en ese mismo período sólo fueron iniciadas 84 acciones de repetición y 466 llamamientos en garantía, lo que indica que en cerca de 51.000 demandas las entidades estatales no cumplieron con su obligación legal de impulsar esas acciones en contra de los servidores públicos que con su conducta dieron lugar a que el Estado fuera condenado.

El Gobierno ha propuesto recientemente el cobro de un gravamen sobre las sentencias condenatorias que se obtengan en procesos civiles y contencioso administrativos, como una forma de percibir recursos para invertir en la administración de justicia; eso significa que quien haya sido perjudicado por una conducta intencional o imprudente de un servidor público puede obtener judicialmente una indemnización del Estado, pero deberá pagarle al mismo un porcentaje del dinero recibido como contribución al mejoramiento del sistema judicial. Valdría la pena que antes de pensar en gravar a quienes judicialmente obtienen una indemnización por los perjuicios que han recibido, el Estado se preocupara por perseguir a los funcionarios públicos que con conductas indebidas dan lugar a millonarias condenas de la Nación, pues de esa manera obtendrían una considerable cantidad de recursos económicos y enviarían un contundente mensaje a sus servidores sobre las consecuencias de no cumplir adecuadamente sus funciones.