Nacional| 9 Ago 2008 - 3:07 am
Ninguna persona ha sido judicializada por operar ilegalmente
Minas de carbón: sólo hay 2.200 legales
Por: Luisa Pulido Rangel
El dolor por la partida de quienes murieron se vive en cada rincón de Cucunubá.
La noche anterior, Gonzalo le había pedido a su hermano Elías que no fuera a trabajar el viernes y que, incluso, pensara en no volver nunca más. Pasadas 12 horas, dos de los cuatro hermanos Roncancio se despidieron para siempre sin saberlo. Elías llegó a las 6:30 de la mañana a la mina y Gonzalo, quien también trabaja en el mismo oficio, estaba en la zona. Pero una hora después, a las 7:30 a.m., cuando iba a desayunar, oyó una explosión. Nadie tuvo que decirle qué pasó ni quiénes habían sido las víctimas. Él lo supo. Su corazón se lo dijo. Sus dos hermanos, Elías, de 23 años, y José Ignacio, de 21, habían muerto junto a otros seis hombres luego de que una posible acumulación de gases y una chispa generaran la tragedia que hoy enluta a Cucunubá, un municipio de Cundinamarca ubicado a dos horas de Bogotá y cuya tradición empresarial es la explotación del carbón.
Son pocos los recuerdos que tiene Gonzalo de los segundos que vinieron después del estallido. Uno de ellos es que ni siquiera corrió a ver el lugar, como los cientos de hombres llenos de hollín que trabajan en la zona, porque tenía claro que sobrevivir a un accidente en una de las cerca de 100 minas de carbón que hay en la zona “sería un milagro”. Y lo sabe porque ya completó ocho años en este peligroso oficio. También recuerda que cuando, por inercia, caminó hacia el sitio, llegó llorando. “Mis hermanitos”, era en lo único que pensaba.
Mientras las familias de estos hombres, la mayoría menores de 30 años, padecen el dolor, la autoridad encargada de la vigilancia de las minas en Colombia —el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas)— intenta evitar que estos dramas se sigan repitiendo en el país, exigiéndoles a los alcaldes prohibir la explotación ilegal que pone en grave riesgo la vida de las personas que trabajan en ellas. Y este es un claro ejemplo. El director de Ingeominas, Mario Ballesteros, asegura que la mina donde ocurrió el accidente es ilegal, pese a que sus dueños exhiben un certificado que les daría la autorización para la explotación del carbón hasta el año 2029.
“En 2004 se ordenó su cierre y un año después Ingeominas confirmó su clausura. En 2006 se le informó dos veces al alcalde que estaba operando de manera ilegal”, afirma Ballesteros.
Y los documentos así lo advierten. El 13 de septiembre de 2006, mediante el oficio SFOM-O-580 dirigido al alcalde municipal de Cucunubá, Felipe Barriga, el Ingeominas asegura que la mina, ubicada en un terreno bautizado 4435, operaba de manera ilegal.
“No tienen ningún título minero vigente e inscrito en el Registro Minero Nacional que les permita explotar dentro del área de los contratos 911T y 4435 (cancelado), por lo cual se consideran como explotadores ilícitos”.
Sin embargo, Alcides Arévalo, dueño de la mina, sostiene que cuenta con todos los permisos necesarios para el funcionamiento, pese a la documentación del Ingeominas que demuestra lo contrario, y que nadie le contó que el jueves, un
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