Pensar en el posconflicto

Foto: Federico Ríos

Siete billones de pesos es el presupuesto para indemnizar a las víctimas.   

Se ha entendido generalmente que el posconflicto se construye bajo cuatro pilares: la seguridad, sin la cual difícilmente podría asegurarse el cumplimiento de las demás medidas que intentan transformar los escenarios de violencia; la justicia, es decir, la garantía plena de derechos y del cumplimiento de la ley; la recuperación económica, la base para reconstruir la estabilidad que fragmentó la guerra, y por último, y no por eso el menos importante, la participación democrática. Anticipar cuáles de estos pilares permitirán deslindar el conflicto que vivimos, del posconflicto que esperamos, es muy difícil.

La certeza que comparten algunos analistas de que el posconflicto es ahora, parece todavía ser una premonición o a lo sumo una fantasía. Esto por una sencilla razón: el posconflicto no sólo se rige por las coyunturas políticas, sino también por las lógicas económicas. La pregunta naturalmente que surge es sencilla: ¿estamos preparados económicamente para enfrentar el posconflicto? Una de las razones más urgentes para examinar esta cuestión es una de las exigencias centrales que tiene que resolver el Estado: la reparación.

El éxito de las medidas de reparación a las víctimas no sólo se mide a partir de que estén construidas bajo un marco nítido de derecho y de justicia transicional. Esto es lo mínimo que se espera. Por el contrario, el reto y al mismo tiempo el éxito de estas medidas depende de la estabilidad financiera en que logren consolidarse y convertirse en respuestas a las necesidades y expectativas de las víctimas de hoy como de mañana. Y ahí están los riesgos.