Los vuelos de ‘Guillo’ Ángel

La empresa Helicargo S.A. tiene registrados  más de diez helicópteros como este para prestar el servicio a nivel nacional.

Desde hace cuatro meses, la subdirectora de Estupefacientes, Amparo Lucía Vega, es blanco de una artillería jurídica sin antecedentes en este organismo oficial. Fue denunciada ante la Fiscalía por prevaricato, revelación de secreto y abuso de autoridad. Y fue demandada vía tutela por presunto desconocimiento de los derechos a la honra, el buen nombre, el debido proceso, la libertad de empresa y la dignidad humana. Su pecado: hacer cumplir la ley sobre las pretensiones de un controvertido empresario aeronáutico antioqueño: Luis Guillermo Ángel Restrepo.

Sus problemas comenzaron el lunes 14 de enero de 2008 cuando, advertida por diversas publicaciones periodísticas sobre los antecedentes del personaje, reportes de la Fiscalía que referenciaban su pasado vinculado al capo Pablo Escobar Gaviria y la avalancha de trámites ante el organismo para registrar aeronaves, la subdirectora de Estupefacientes unilateralmente anuló el certificado que le permitía a Luis Guillermo Ángel oficiar como piloto y ampliar las operaciones de la empresa Helicargo S.A., domiciliada en Medellín y relacionada con su círculo familiar.

En concreto, lo que legalmente hizo Amparo Lucía Vega fue anular el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes del que inexplicablemente gozaba Luis Guillermo Ángel desde el 19 de septiembre de 2005. Este documento fue creado desde la Ley 30 de 1986 y constituye un mecanismo de control administrativo de ciertas actividades que pueden ser indispensables para el tráfico y producción de drogas. Y señala la ley que basta un informe judicial debidamente fundamentado para negarlo. Esa fue la situación que motivó a la funcionaria.

De inmediato, a través de la abogada Lydia Elisa Nieto Méndez, el empresario Ángel Restrepo se fue lanza en ristre contra la subdirectora de Estupefacientes. De manera complementaria presentó recurso de reposición para revertir la decisión. No obstante, a través de siete extensas resoluciones, la mayoría de ellas fechadas el pasado 25 de abril, la abogada Amparo Lucía Vega negó los recursos. Desde entonces, ante las tutelas de Ángel y su abogada, la funcionaria se defiende y de paso preserva los derechos de una entidad que nunca debió concederle el certificado al empresario aeronáutico.

Los antecedentes

Las razones por las cuales la Subdirección de Estupefacientes anuló los certificados al Luis Guillermo Ángel o se abstuvo de concederlos a otros miembros de su círculo familiar fueron varios informes de la Dirección de Fiscalías y algunos reportes periodísticos que dejaron ver cómo era un hecho notorio que Luis Guillermo Ángel Restrepo presentaba un historial non sancto. En resumen, el empresario aeronáutico fue beneficiario de una especie de indulto que fue concedido en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, en desarrollo de la confrontación contra Pablo Escobar Gaviria.

En esencia, se trató del Decreto 1833 del 13 de noviembre de 1992, expedido bajo el amparo de la Conmoción Interior y codificado como una concesión de beneficios por colaboración con la justicia. Un decreto con sólo dos artículos y un objetivo: que los testigos que ayudaran a concretar la responsabilidad penal de autores de graves delitos, no pudieran ser objeto de investigaciones por los hechos respecto de los cuales rindieran declaración. Además del Presidente, firmaron todos sus ministros, entre ellos Humberto de la Calle, Noemí Sanín, Andrés González, Rafael Pardo, Luis Alberto Moreno, Guido Nule y Juan Manuel Santos.

Con base en este decreto, el 26 de julio de 1993, en calidad de encargado, el fiscal Francisco José Sintura amparó a doce colaboradores claves en la lucha contra Pablo Escobar. La lista la encabezó Luis Enrique Ramírez Murillo, más conocido como Micky Ramírez, y la complementaron Armando Muñoz Azcárate, Gustavo Tapias Ospina, Eugenio García Jaramillo, Benito Maineiri Medina, Guillermo de Jesús Blandón Cardona, Frank Cárdenas Palacio, Giovanny Caicedo Tascón, Pablo Enrique Agredo Moncada, Gabriel Puerta Parra, Hernán Emilio Sepúlveda y Luis Guillermo Ángel Restrepo.

En el caso particular de Luis Guillermo Ángel Restrepo, el documento reservado de hace 15 años dejó constancia de que él declaró ante la Fiscalía que había sido informado de la venta de semovientes de propiedad de los hermanos Moncada después de su secuestro y asesinato, que durante los años 1986 y 1987 estuvo trabajando con Pablo Escobar, con alias