La estrategia bursátil de dos ex ministros de Estado

El debate jurídico gira en torno al manejo de la información.

Mientras que el país sigue milimétricamente la pelea entre los poderes Ejecutivo y Judicial y al tiempo que la yidispolítica y parapolítica siguen ocupando titulares, un proceso que enfrenta a los pesos pesados del derecho en Colombia por una acusación contra dos ex ministros y dos empresarios, reposa hace varios meses en el despacho del fiscal Mario Iguarán a la espera de una decisión que puede sentar un enérgico precedente en el buen uso de información privilegiada en el ámbito empresarial colombiano.

El complicado asunto ya tuvo un primer round judicial. El pasado 24 de diciembre de 2007, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió acusar a los ex ministros de Minas Luis Carlos Valenzuela Delgado y de Trabajo Luis Fernando Ramírez, así como a los empresarios Felipe Riveira Herrera y David Seint Neirus, por los presuntos delitos de utilización indebida de información privilegiada y por la divulgación y empleo de documentos reservados, en un negocio estimado en US$6 millones.

Un proceso en el que interviene un verdadero dream team jurídico con diversas estrategias entre las partes, en donde radica una preocupación mayor: que casi ocho meses después de la decisión de acusar a esas cuatro personas, el ente investigador sigue estudiando el caso con el propósito de ratificar o no la acusación, pero aún no resuelve el recurso. En un caso único en el país y que tiene a la expectativa a banqueros, inversionistas, abogados y académicos del derecho.

Todo comenzó en enero de 2002, cuando el empresario Armando Lloreda Zamorano, en su condición de accionista de la firma Transgas de Occidente S.A., manifestó su intención de adquirir las acciones que las empresas Gasoriente, Spie Capag Jersey Ltda., Fluor de Colombia e Ismocol de Colombia S.A. poseían en Transgas.