En la mira de delincuentes

Foto: Luis Benavides - El Espectador

Esta zona fue siempre comandada y liderada por Severo Antonio López, alias ‘Job’, asesinado hace pocos días en un restaurante de la ciudad.

La Comuna 8, ubicada en el centroriente de Medellín, es uno de los epicentros de la guerra por el control de las plazas de vicio que hoy vive la ciudad. Esta zona fue siempre comandada y liderada por Severo Antonio López, alias Job, asesinado hace pocos días en un restaurante de la ciudad, de propiedad de alias Macaco, ex comandante de las autodefensas extraditado a Estados Unidos. Alias Job, era desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas y considerado el brazo derecho de Don Berna, también recluido en una cárcel norteamericana.

Según las autoridades, Job nunca se desvinculó de las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, los homicidios y las desapariciones forzadas, a pesar de que representaba la vocería política de un sector de los desmovilizados en el país. De hecho, el propio alcalde de la ciudad, Alonso Salazar, en declaraciones entregadas a la prensa un día después del asesinato de López, aseguró que éste había seguido delinquiendo. “Hay informaciones de que esta persona continuó con actividades ilícitas. Yo denuncié hace tiempo eso y acompañé a la Fiscalía a varias personas que lo acusaban de homicidios en la Comuna 8”.

El Instituto Popular de Capacitación (IPC) también ha denunciado en varias oportunidades las actividades ilícitas de Antonio López y varios desmovilizados cercanos a él, quienes continuaron ejerciendo control militar en esta zona.

En uno de sus comunicados, el IPC cita un informe de 2006, de la Fiscalía General de la Nación, en el cual algunos investigadores aseguran: “continúa siendo un pacifista de día y un ‘patrón’ que ordena muertes y movimiento de armas y droga en las noches en los vehículos asignados para su movilización”.

Un habitante de la zona, ex integrante de grupos ilegales, que pidió la reserva de su nombre, le aseguró a El Espectador que Antonio López, era quien mandaba en la Comuna 8. Quienes no seguían sus órdenes eran asesinados. “A muchos de los desmovilizados los mandó matar él. Los asesinó porque eran jóvenes con liderazgo en grupos y eran reacios a que él los mandara”.

Estas declaraciones coinciden con el informe de la Fiscalía citado por el IPC, en el que  se advierte lo siguiente: “Se ha convertido en un verdadero obstáculo para la resocialización de los jóvenes en las comunas, ya que mientras estudian durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las noches vuelven a ser bandidos y sicarios”.

A esto se suma el drama del desplazamiento que, según registros de la Unidad de Derechos Humanos del IPC, ha afectado a seis familias de la comuna en lo que va corrido de este año. “Las familias manifiestan que se desplazan porque los obligan a trabajar con ellos, y no quieren”, dijo a este diario Jorge Ceballos, personero delegado en la Unidad de Derechos Humanos.

El declive de ‘Job’

La Comuna 8 la integran 18 barrios y 10 asentamientos subnormales. Alias Job llegó a comandarla en su totalidad. Él era de la zona, allí creció y realizó trabajo político y militar, primero con la guerrilla y luego con los paramilitares. Las plazas de vicio de la zona eran surtidas y controladas por él, aseguró la fuente que pidió reserva. Igual sucedía con las extorsiones a los establecimientos.

“Job comenzó a ganarse varios enemigos por su forma de ser. Era muy arrogante, egocéntrico y se creía el sucesor de Don Berna. Las cosas se le voltearon cuando tuvo problemas con Julio, un muchacho de aquí al que la gente le tiene aprecio y le copia. Job perdió el control y se quedó sólo con los barrios Las Mirlas, Las Estancias, Villa Lilián y San Antonio. No fue sino que lo extraditaran y lo quebraron”, declaró el ex integrante de grupos ilegales consultado por El Espectador.

Pero la situación en la Comuna 8 no es nueva. Desde hace dos años, tanto la Personería como la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) vienen denunciando varios hechos. El pasado mes de mayo, esta corporación envió una carta al alcalde Alonso Salazar, donde enumera una serie de hechos que merecen la atención inmediata de las autoridades, entre ellos la “venta de lotes de propiedad del municipio de Medellín, por parte de  urbanizadores piratas (presumiblemente desmovilizados de las Auc, cuyos nombres mencionados son: Julio Perdomo y el finado Jairo Hidalgo, coordinadores de la Comuna 8). Esto se hace en la parte alta del Cerro Pan de Azúcar, en inmediaciones del CAI de Periferia”.

Además, relacionan cinco homicidios cometidos por los desmovilizados, amenazas a algunos líderes de la zona y presiones a integrantes de las acciones comunales. Según estadísticas de la Policía y del Instituto Popular de Capacitación (IPC), entre enero y julio de este año, 27 personas han sido asesinadas y por lo menos 9 de estos crímenes tienen relación con la disputa por el control de la economía ilegal en la zona.

Un habitante de la comuna que también pidió la reserva de su identidad dijo a El Espectador que “antes los líderes no teníamos problemas, pero después de la desmovilización llegaron las amenazas. Ellos vieron en las acciones comunales una herramienta para controlar las comunidades y hacerse a recursos públicos por medio de contratos”. Según la Personería, los desmovilizados presionan a los contratistas que ejecutan obras en la zona para que contraten a quienes ellos quieran y para que les paguen extorsiones, de lo contrario no pueden trabajar. Sin embargo, por temor no denuncian.

La Secretaría de Gobierno de Medellín conoce la difícil situación. “En la Comuna 8, más que en toda la ciudad, tenemos un problema con los combos que se disputan la venta de droga al detal. Hemos detectado muchas casas de vicio” informó el secretario de Gobierno, Jesús Ramírez.

Según el funcionario, allí hay un plan de trabajo con la Policía, la Fiscalía y el CTI, para atacar tres grandes problemas: los combos, las casas de vicio y las vacunas a los transportadores.