En 2004, cuando Alejandra Quiroga apenas iba a cumplir 14 años de edad, el nombre de Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco) le era totalmente desconocido. Pero La Cordillera, por el contrario, le era completamente familiar. Su madre, una mujer llamada Luz, hacía parte de la banda que Macaco conformó con sus lugartenientes para el tráfico de drogas en Risaralda, especialmente en Pereira y Dosquebradas. Poco a poco y sin quererlo, Alejandra se fue enterando de muchos secretos de la organización. Al punto que en ese año, luego de que algunos de sus integrantes fueron capturados, se convirtió en testigo de gran relevancia para la Fiscalía. Alejandra fue trasladada a la capital del país, en donde se llevaban varios de los expedientes contra los miembros de La Cordillera, un nombre que cunde de pánico las calles pereiranas y que es prioridad para las autoridades de esa ciudad. En busca de obtener su testimonio, la Fiscalía la incluyó en el programa de protección a víctimas y testigos. Fue por sus declaraciones, por ejemplo, que su madre se acogió a sentencia anticipada y fue condenada por el delito de tráfico de estupefacientes. No obstante, estar en el programa de protección no fue suficiente para evitar que los afectados por sus palabras dieran con su paradero.El 21 de junio de 2005, Alejandra fue secuestrada y torturada por gente de La Cordillera. María Cecilia Jaimes, fiscal 19 de la Unidad de Derechos Humanos, consideró el episodio lo suficientemente grave como para requerir que el núcleo familiar de la joven (su esposo, el hijo de ambos y su suegra) fuera agregado al programa, lo que ocurrió en junio de 2006. Entre septiembre y noviembre de ese año fueron ubicados en Cúcuta, y de diciembre a junio de 2007 permanecieron en Bucaramanga, en donde, a pesar de su anonimato, recibieron amenazas. Ellos, su niño y doña Esperanza Castillo, madre de Juan Carlos, fueron trasladados a Santa Marta. El programa los situó en la capital de Magdalena a pesar de que en julio de 2007 fueran excluidos de éste, razón por la que Alejandra le comunicó a la Fiscalía que no concurriría a rendir más testimonios ante instancias judiciales. Y la inseguridad, nuevamente, tocó la puerta de su casa. El pasado 12 de febrero, Juan Carlos, su esposo, fue secuestrado por un día. “Me dijeron que yo era un sapo, que dejara de presionar a Alejandra para que declarara ante la Fiscalía”, recuerda él, quien fue abandonado en la entrada de Riohacha.Un mes más tarde, tres encapuchados se presentaron en la vivienda de Alejandra, quien para ese entonces tenía 37 semanas de embarazo. “A ella la golpearon en la barriguita, en el lado derecho. A Juan Carlos lo dejaron inconsciente, a mí me pegaron en todo el cuerpo. Menos mal el bebé nació perfecto”, cuenta doña Esperanza, su suegra. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Seccional de Santa Marta. Para ese momento, el riesgo de la familia ya se había ampliado a ocho departamentos: Antioquia, Cundinamarca, Meta, Valle, Magdalena, Quindío, Caldas y Risaralda.Alejandra, Juan Carlos, su niño de 2 años, su hijo recién nacido y doña Esperanza fueron reubicados, esta vez en Ibagué. Pero se vieron obligados a regresar a Bogotá al ver que para Juan Carlos era imposible conseguir un trabajo: “Mis antiguos empleadores, al saber que yo estaba en un proceso judicial, se negaron a darme referencias”, dice. Él y su esposa arrendaron dos cuartos en una humilde casa en el sur de la ciudad y poco a poco han tenido que ir empeñando sus pertenencias para sobrevivir. “Esto no es vida... yo tenía mi trabajo en una empresa de celulares, tenía un buen sueldo, no le tenía que pedir nada a nadie”, expresa Juan Carlos.El programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía le ha reiterado que cumplió su parte: “Le entregó (a Alejandra) una suma de dinero con el fin de que empezara una nueva vida”, les manifestó el organismo hace un par de meses. Desde que fueron excluidos del programa, Alejandra y su esposo han solicitado, en repetidas ocasiones, ser reintegrados. Hace un mes, la Alcaldía de Bogotá constató su “situación de crisis agravada” e Iván Echeverri, asesor del área de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, le solicitó al coordinador del programa de refugiados temporales de la Conferencia Episcopal “sus buenos oficios” para ayudar a esta familia con un amparo transitorio en otro país.Echeverry también manifestó que las razones por las que esta familia fue excluida del programa le resultaban “increíbles” e “inexplicables”. Aunque la Fiscalía se sostiene en haber suministrado las medidas que se requerían, las amenazas ya alcanzaron a Alejandra y su familia en Bogotá. Hace una semana dejaron en la entrada de la casa un gato muerto. Más de una vez han tirado cartas amenazadoras debajo de la puerta (ver foto). Juan Carlos dice que espera le sea concedido a él y a su familia un asilo en el extranjero.